Nuestro Labor Internacional
Nuestro esfuerzo internacional es promover o difundir el “derecho real de conservación” en diferentes jurisdicciones.
Estamos en el proceso de establecer una presencia en el Reino Unido con esta finalidad.
Creemos que nuestro planeta y el ser humano requieren nuevas estrategias que faciliten el despliegue de nuevas prácticas que tomen en cuenta el capital natural y el capital social.
Estamos comprometidos con un nuevo paradigma, con nuevas formas reflexivas de regulación, que creemos que son la única forma posible de aumentar las probabilidades de abordar con éxito el trilema regulatorio del cambio climático y la degradación ambiental.
Nuestra Labor en Chile
Nuestra labor en Chile se relaciona con la implementación adecuada del derecho real de conservación en diversos proyectos.
En este contexto, el Centro de Derecho de Conservación ha trabajado pro-bono para establecer tanto el primer derecho de conservación privado así como también el primer derecho de conservación estatal en Chile.
El primer caso se registró el 25 de julio de 2016 en Linares, y se refirió a un proyecto de eco-aldea -La bella Eco-Aldea-. En este caso, el propósito fue: (Uno) crear una relación de cooperación entre el propietario y un primer interesado: Fundación Buenas Tierras. (Dos) Asegurar diferentes niveles de conservación en diferentes áreas de la tierra correspondiente; (Tres) Asegure la conservación a través de un mecanismo que facilite la posterior inclusión o participación de diferentes partes interesadas -o partes interesadas-; (Cuatro) facilitan el desarrollo de proyectos locales sostenibles, proyectos educativos y una amplia cooperación comunitaria.
El segundo caso se registró en marzo de 2018 en Los Vilos, y está relacionado con la conservación de Hacienda El Durazno. Para este propósito, se redactaron dos derechos de conservación diferentes. El primer derecho de conservación fue general y se estableció a favor de la Fundación Llampangui con el fin de facilitar la inclusión reflexiva de todas las partes interesadas para la sostenibilidad social, económica y ambiental a largo plazo. El segundo, elaborado en cooperación con el departamento jurídico de Conaf, fue más específico y se estableció a favor de Conaf para la conservación de ecosistemas específicos y corredores biológicos. Estamos trabajando en varios otros proyectos y nuestra experiencia es que cada caso requiere soluciones a medida. El uso de un modelo general podría ser muy problemático no solo desde una perspectiva ecológica, sino especialmente desde una perspectiva social y jurídica. También estamos trabajando en proyectos ubicados en áreas urbanas, así como en algunos relacionados con la silvicultura y la agricultura.
El Centro de Derecho de Conservación está interesado en brindar la mayor cantidad de apoyo pro-bono posible a los diferentes titulares de proyectos para la implementación adecuada de este nuevo paradigma reflexivo de conservación.